Delphi Puerto Real
26/02/2007
El cierre planteado incompliría la legislación vigente y podría acarrerar penas económicas y hasta de carcel para los implicados
Cadiz, 26 (EP) La Junta de Andalucía, a través del delegado de Empleo en Cádiz, Juan Bouza, hizo hoy entrega, con la presencia de un notario, al Consejo de Administración de Delphi de Puerto Real (Cádiz) de un escrito en el que requiere a la empresa el "cumplimiento escrupuloso de la legislación laboral vigente" y le advierte de que pueden ser constitutivo de un presunto delito del Código Penal, con penas hasta de cárcel. En el escrito, al que tuvo acceso Europa Press, el consejero de Empleo, Antonio Fernández, le recuerda a la empresa que el Real Decreto 1/1995 dice que cualquier planteamiento que pretenda la extinción de las relaciones laborales debe contar con autorización administrativa, así como que para empresas de más de 50 trabajadores, la solicitud para esa extinción deberá contener un Plan de Acompañamiento Social. Además, en el escrito, Fernández le recuerda a la empresa la existencia del acuerdo alcanzado en el denominado Plan Industrial 2005/2010, que contempla unos determinados compromisos en materia de empleo de carácter fijo. Según indica el consejero, los incumplimientos que puedan darse de la normativa y acuerdos citados "pudieran ser incluso constitutivos de un presunto delito previsto en el artículo 311 ó en el 257.2 del vigente Código Penal". Estos delitos pudieran acarrear penas de seis meses a cuatro años de prisión. Así, la Junta requiere "formalmente" el "cumplimiento escrupuloso" de la legislación laboral vigente, así como de los acuerdos suscritos con la representación legal de los trabajadores, ya que en caso en contrario, la Junta podría ejercer las acciones legales que creyera oportunas "o de cualquier otra índole" en defensa de los derechos que la legislación atribuye a los trabajadores. El escrito ha sido entregado por el delegado provincial del Empleo de la Junta en Cádiz, Juan Bouza, al director de la planta de Delphi en Puerto Real, Gonzalo Herrera, con la presencia de un notario. No obstante, el escrito ha servido para recodarle a la empresa los posibles incumplimientos en los que podría incurrir, ya que aún no ha comunicado a la Administración su intención de cierre de la planta.